Ciudad de México.- Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia López Castro, Sayonara Vargas Rodríguez, Melissa Vargas Camacho y Karla Ayala Villalobos, propusieron exhortar a las secretarías de Economía, de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a evitar la sobrerregulación de las escuelas privadas, evitando el cierre y generación de mayores costos para los padres de familia que inscriben a sus hijos en estos colegios.
Ante las denuncias de autoritarismo y parcialidad de diversas organizaciones que representan a más de cuatro mil instituciones de educación particular, de nivel básico a superior, las legisladoras priistas hicieron un llamado a estas instituciones para que se cancele el proceso del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, servicios educativos, hasta en tanto no se tenga un diagnóstico del impacto que tendrá en las escuelas particulares del país; así como evitar reducir los servicios educativos que prestan a actividades meramente mercantiles, con normas oficiales de regulación.
Tras afirmar que las pequeñas escuelas corren mayor riesgo por esa norma, las diputadas federales explicaron que la regulación pretende establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, pero trata a los colegios particulares de manera diferenciada, por lo que cuestionaron la obligatoriedad que también deben tener las escuelas públicas para informar a los padres de familia.
“Las escuelas privadas son parte de este sistema, no son ajenos a él, son aliados de la educación, por ello preocupa la visión comercial que se le está dando a la NOM equiparando a la educación privada como a cualquier empresa prestadora de servicios”.
Advirtieron que las clases medias bajas serán las más afectadas en su economía familiar, porque de aprobarse esta regulación las escuelas estarán obligadas a aumentar sus cuotas.
Las diputadas priistas señalaron que la normatividad que el gobierno federal quiere imponer es preocupante porque México aún se encuentra inmerso en las consecuencias económicas, políticas y sociales, derivadas de la pandemia y la entrada en vigor de esta NOM, sin escuchar a las partes involucradas, lejos de acercar soluciones para la reactivación económica, va a generar un problema más profundo en la educación en nuestro país.
